Avances y retos

Avances y retos pendientes del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de la violencia contra las mujeres y de la Política Pública (PLANOVI) para atender la violencia contra las mujeres.

Entre sus fortalezas cabe destacar en primer lugar que el PLANOVI ha demostrado ser desde su creación en 1995, una respuesta real de concertación entre muy diversos sectores e instituciones para prevenir y atender de manera integral, coordinada y sistemática la violencia contra las mujeres y la violencia intrafamiliar.

Su integralidad ha permitido avances significativos para responder a las diversas demandas desde niveles estratégicos como son: lo político-institucional, el nivel de promoción-prevención para el cambio socio-cultural y en la atención especializada a las personas afectadas, último en el que se han creado y mantenido respuestas concretas en términos de seguridad y protección, de acceso a recursos de apoyo, de acceso a la justicia y de tratamiento de secuelas por la victimización.

Ha enmarcado también parte del quehacer del INAMU en su función rectora en materia de derechos de las mujeres y como Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres y Violencia Intrafamiliar.

Dado que cuenta con un marco conceptual vasto y con enfoques y principios claramente orientados desde el punto de vista ideológico y político acorde con las convenciones internacionales consensuadas en la materia, también ha direccionado de manera permanente múltiples procesos de sensibilización y creación de capacidades institucionales en todos los niveles. A lo largo de 19 años ha maximizando los conocimientos especializados para la prevención y la atención especializada. Gracias al PLANOVI, existen en la actualidad inversiones y prácticas importantes en la capacitación a los/as funcionarios/as que atienden a personas afectadas por la violencia intrafamiliar y a mujeres afectadas por otras formas de violencia por condición de género.

Por su visión estratégica para el avance en materia de derechos humanos, esta política ha generado aportes fundamentales también en materia jurídica y ha impulsado la creación de leyes específicas, por ejemplo: Ley contra la Violencia Doméstica (7586), Ley de Penalización de Violencia contra las Mujeres (8589), creación con estatus de Ley el Sistema Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres y Violencia Intrafamiliar (Ley 8688) reformas a la Ley contra la Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia, Ley de Creación del Instituto Nacional de las Mujeres (7801), Leyes de Creación de Juzgados de Violencia Doméstica (8128, 8139), entre otras.

Otra de sus fortalezas ha sido (en aras de brindar a las mujeres servicios oportunos y de calidad), el esfuerzo sostenido de esta política por posicionar la violencia contra las mujeres y la violencia intrafamiliar como asunto de interés público y por lo tanto de obligada atención por parte de la institucionalidad nacional. Por esa razón, la política ha dirigido la creación y consolidación de una amplia gama de programas y servicios especializados que hoy cuentan con rango institucional y que han logrado permear diversos instrumentos administrativos y técnicos, incluyendo la generación de normas y protocolos en la materia específica.

En el marco del PLANOVI y del Sistema Nacional en general, se han estimulado y desarrollado programas y servicios específicos a nivel de las instituciones para responder de acuerdo a sus obligaciones y competencias. Se puede mencionar entre otros: la Comisión de Violencia Doméstica del Poder Judicial creada en 1996 y activa hasta la fecha; el Programa de Atención y Prevención Comunitaria de la VIF del Ministerio de Seguridad Pública, el Programa de Género y Atención de la Violencia del INA, el Programa contra la Violencia de la CCSS, los Juzgados especializados en Violencia Doméstica, la creación del despacho especializado en el sistema 911 (COAVIF) y los Centros de Atención y Albergue Temporal del INAMU.

Fue en el marco del PLANOVI que en 1996, se crearon las Oficinas Municipales de la Mujer, denominadas entonces Oficinas Municipales de Promoción de los Derechos de las Mujeres, cuyo eje central en ese momento fue promover la respuesta local a las mujeres afectadas por la violencia.

Otra de las virtudes de esta política ha sido su apuesta por concretarse en el ámbito local lo que ha permitido su proximidad con las necesidades particulares y diferenciadas tanto de la población directamente afectada (respecto a la atención y protección), como de la población en general en términos de los cambios sociales y culturales requeridos para la erradicación de las diversas formas de violencia. Por tal razón, la creación y consolidación de redes locales inter-institucionales de prevención y atención que hoy funcionan en 77 cantones del país y la definición de acciones específicas para estas instancias en el PLANOVI, ha sido un acierto tanto para operacionalizar y retroalimentar la política, como para articular al Estado con diversos sectores estratégicos y de la sociedad civil.

A partir del PLANOVI, también resulta visible el avance en el posicionamiento de la problemática en las agendas públicas y políticas como un tema relevante. Esto significa que la violencia contra las mujeres y en especial la violencia intrafamiliar, es reconocida hoy por una amplia mayoría de la población e incluso por los mismos medios de comunicación como un problema grave que afecta tanto a las mujeres como a la sociedad en su conjunto.

A lo largo de los años esto también se ha traducido en una creciente movilización social caracterizada por diversidad de sectores (académicos, religiosos, organizaciones juveniles, etc.), incluyendo en los últimos años otras poblaciones altamente vulnerabilizadas como LGTBI, mujeres indígenas, mujeres migrantes, entre otros. Como ejemplo, puede mencionarse el Encuentro Nacional de Mujeres realizado en el 2014, en el marco de conmemoración del XX Aniversario de la Convención de Belem do Pará, que congregó a más de 500 mujeres a largo del país y que permitió una importante actualización de las necesidades de las mujeres de diversos sectores y una renovación de demandas específicas para los niveles del Sistema Nacional.

También el aumento sostenido en las denuncias es una evidencia del éxito de campañas y acciones generadas desde el PLANOVI para motivar la búsqueda de apoyos por parte de las mujeres y otras personas afectadas.

Desde la perspectiva de la investigación y registros, el PLANOVI ha generado también un amplio bagaje de información que permite conocer la magnitud de la violencia contra las mujeres y los principales factores de riesgo asociados a su ocurrencia, así como el impacto en las víctimas. En el marco de esta política se ha creado y desarrollado el Sistema Unificado de Medición y Estadística de la Violencia de Género (SUMEVIG) que hoy cuenta con un sistema de indicadores sistematizado y homologado de carácter inter-institucional que dan cuenta sobre la situación de esta problemática en nuestro país. Lo anterior además de diversas investigaciones que se han promovido a lo largo de los años para un mayor conocimiento de la problemática y el desarrollo informado de las políticas públicas.

 

La política referida enfrenta sin embargo algunos retos.

Entre los más significativos y de carácter estratégico:

  • Visibilizar y colocar la respuesta del Estado a todas las manifestaciones de violencia contra las mujeres en el marco de lo establecido por la Convención de Belem do Pará y no solamente la violencia en relación de pareja. Esta Convención es clara en fijar el marco definitorio de lo que debe entenderse por violencia contra las mujeres y las obligaciones que cada Estado Parte debe atender. El proceso en Costa Rica ha sido lento para que todas las instituciones respondan de manera uniforme e integral a todas estas manifestaciones más allá de la violencia de pareja, intrafamiliar y sexual. Uno de los retos, por ende, continúa siendo el fortalecimiento de acciones para visibilizar y enfrentar el hostigamiento sexual, la trata de mujeres, el acoso sexual callejero, la violencia obstétrica, entre otras.
  • Reconocer y fortalecer la respuesta del Estado frente al impacto diferenciado que tiene la violencia en las mujeres desde su diversidad. En este sentido, es necesario mejorar las políticas, programas y servicios para atender la demanda específica de las mujeres indígenas, migrantes, afordescendientes, adultas mayores, con discapacidad.
  • La impunidad, sobre todo asociada a una débil aplicación de la Ley de Penalización de la Violencia contra las mujeres y la invisibilización de la violencia sexual contra mujeres menores de edad, constituye un reto de primer orden.
  • El surgimiento de corrientes neo-machistas y conservadoras que intentan crear confusión en la opinión pública sobre las dimensiones, direccionalidad e impacto de la violencia contra las mujeres, además de un ataque frontal a conquistas históricas en materia de derechos humanos de las mujeres. Uno de los objetivos de estos sectores se enfilan hacia las políticas de protección a las mujeres frente a la violencia en sus diferentes formas, pretendiendo derogar el marco normativo y desarticular la respuesta del Estado en materia de pensiones alimentarias, medidas de protección, etc.

 

Esto implica para la política actual y a las puertas de la construcción de un nuevo plan de acción para el próximo quinquenio, un ejercicio constante de revisión y análisis, de modo que de las propuestas que se quieren abarcar estén acordes con acciones articuladas que permitan enfrentar la violencia contra las mujeres en los actuales escenarios políticos y sociales.